Francisco Rafael Palencia Borrero fue la persona encargada de terminar de hundir a la senadora electa Aida Merlano. Su declaración fue la clave para que la Corte Suprema de Justicia enviara a la mencionada a la cárcel de El Buen Pastor de Bogotá, por delitos electorales. 

El diario El Espectador contó los detalles de la declaración de Palencia Borrero, quien compareció ante la Corte el pasado 16 de abril, lugar donde informó cómo la organización de Merlano, conformada por 2.000 personas, planeó, desarrolló y ejecutó la compra de votos en las pasadas elecciones del 11 de marzo. 

Sin embargo, uno de los datos más fuertes que reveló este hombre, es que en la organización también participaban funcionarios de la Registraduría Nacional. 

“Este trabajo era controlado internamente en la campaña, en donde se verificaba con los datos que les entregaban funcionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil previamente contactados, a fin de controlar huellas (de los votantes), la información donde sufragaban, sitios de inscripción y fotografías, con la finalidad de garantizar el voto en la zona respectiva”, expresó la Corte, según El Espectador. 

De acuerdo con Palencia Borrero, la organización de Merlano ejecutaba todas sus ordenes a la perfección. De hecho, cuando los posibles votantes no mostraban fidelidad completa, les retenían las cédulas y se las regresaban después de que zonificaran en los lugares que los líderes le indicaban. 

"Se tomaba fotocopia (del documento) para que la campaña tuviera el control del sufragante”, agregó el testigo. Contó que después que cumplían con el voto, los ciudadanos iban al comando político para recibir el dinero y el certificado. 

Como ya se había contado en artículos anteriores, el pago por el voto era de $50.000. Un anticipado de $15.00 y el restante después de que entregaban el certificado de votación, verificado con código de barras bidimensional como lo reveló la Fiscalía General de la Nación. 

El Espectador también indicó que el declarante reveló que las ayudas más fuertes que recibió en cuanto a votantes, llegaron de parte de la excandidata a la Cámara de Representante, Lilibeth Llinás, la diputada Margarita Ballén, el concejal Rubén Zamora, y los exconcejales Vicente Támara y Aissar Castro. 

Palencia Borrero confesó que la campaña costó $7.000 millones, cifra que coincide con las pruebas que entregó la Fiscalía General de la Nación. 

Tres días después de esta declaración, el 19 de abril, la Corte Suprema de Justicia envió a la cárcel a la senadora electa por el partido Conservador. 

Merlano es imputada de los delitos de corrupción al sufragante agravado, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones.